Carta Mundial de los Migrantes Proclamada en Gorée (Senegal) el 4 Febrero 2011

Los migrantes son blanco de políticas injustas que, en detrimento de los derechos reconocidos universalmente a cada persona, llevan a los seres humanos a enfrentarse unos contra otros, valiéndose de estrategias discriminatorias basadas en la preferencia nacional, la pertenencia étnica, religiosa o de género.

Estas políticas son impuestas por sistemas conservadores y hegemónicos, que buscan mantener sus privilegios explotando la fuerza de trabajo, física e intelectual de los migrantes. Para ello, utilizan las desmedidas prerrogativas que les confiere el poder arbitrario de los Estados-Nación y del sistema mundial de dominación heredado de la colonización y la deportación. Un sistema a la vez caduco y obsoleto, que genera crímenes contra la humanidad, razón por la cual debe abolirse.

Las políticas de seguridad implementadas por los Estados-Nación hacen creer que las migraciones son un problema y una amenaza, cuando constituyen desde siempre un hecho histórico natural, complejo -desde luego-, pero que lejos de ser una calamidad para los países de residencia, constituyen un aporte económico, social y cultural inestimable.

Los migrantes se ven privados en todas partes del pleno ejercicio de su derecho a la libertad de circulación e instalación en nuestro planeta.

Se ven además privados de su derecho a la paz, así como de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, garantizados sin embargo por diferentes convenciones internacionales.

Sólo una gran alianza de los migrantes podrá promover el surgimiento de nuevos derechos para toda persona por su nacimiento, sin distinción de origen, color, sexo o credo. Para ello, esta alianza de migrantes deberá articularse en torno a principios éticos que les permitan contribuir a la construcción de nuevas políticas económicas y sociales, así como a la elaboración de una nueva concepción de la territorialidad y del sistema de gobernanza mundial actualmente vigente, y de sus fundamentos económicos e ideológicos.

Es por eso que nosotros, migrantes del mundo entero, a partir de las propuestas que hemos recibido desde 2006 y tras una amplia discusión a nivel planetario, adoptamos la presente Carta Mundial de los Migrantes.

Nuestro objetivo es hacer valer, a partir de las situaciones que viven los migrantes en el mundo, el derecho para todos de circular e instalarse libremente en nuestro planeta, y contribuir a la construcción de un mundo sin fronteras.

Por ello, nosotros, migrantes que hemos abandonado nuestra región o país, ya sea obligados o por nuestra propia voluntad, y que vivimos de manera permanente o temporaria en otras partes del mundo, reunidos el 3 y 4 de febrero de 2011 en la Isla de Gorée en Senegal, proclamamos:

Porque pertenecemos a la Tierra, toda persona tiene derecho a poder elegir su lugar de residencia, permanecer allí donde vive o circular e instalarse libremente, sin restricciones, en cualquier lugar de esta Tierra.

Toda persona, sin exclusiones, tiene derecho a desplazarse libremente del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, de una provincia a otra.

Toda persona tiene derecho a poder abandonar cualquier país para ir a otro, y regresar a éste.

Toda disposición y medida de restricción que limite la libertad de circulación e instalación debe derogarse (leyes en materia visas, permisos y autorizaciones, así como cualquier otra ley relacionada con la libertad de circulación).

Los migrantes del mundo entero deben gozar de los mismos derechos que los nacionales y ciudadanos de los países de residencia o de tránsito y asumir las mismas responsabilidades en todos los ámbitos esenciales de la vida económica, política, cultural, social y educativa. Deben tener derecho a votar y ser elegidos en cualquier órgano legislativo a nivel local, regional y nacional, y asumir sus responsabilidades hasta el fin del mandato.

Los migrantes deben tener derecho a hablar y compartir su lengua materna, a desarrollar y difundir su cultura y sus costumbres tradicionales, en la medida en que no implique un daño a la integridad física y moral de las personas y respete los derechos humanos.

Los migrantes deben tener derecho a practicar su religión y culto.

Los migrantes deben gozar del derecho a ejercer el comercio donde lo deseen, dedicarse a la industria, a cualquier oficio o profesión permitidos, en igualdad de condiciones con los ciudadanos de los países de acogida y de tránsito, de manera tal que puedan asumir su parte de responsabilidad en la producción de las riquezas necesarias para el desarrollo y la realización de todos.

Deben garantizarse el trabajo y la seguridad a todos los migrantes.

Quien trabaje debe tener la libertad de afiliarse a un sindicato y/o a fundar uno con otras personas. Los migrantes deben recibir igual salario por igual trabajo y tener la posibilidad de transferir el fruto de su trabajo, las prestaciones sociales y gozar de la jubilación, sin restricción alguna, contribuyendo al sistema de solidaridad necesario en la sociedad de residencia o de tránsito.

Debe garantizarse a todos los migrantes el acceso a las prestaciones de los servicios de bancos y organismos financieros, de la misma manera que el acordado a los nacionales y ciudadanos de los países de acogida.

Toda persona tiene derecho a la tierra, sean hombres o mujeres. La tierra debe compartirse entre quienes la habitan y la trabajan. Las restricciones al uso y a la propiedad inmueble impuestas por razones de orden étnico, nacional y/o de género deben abolirse, en pos de una nueva visión de una relación responsable entre los seres humanos y la tierra, y respetando las exigencias del desarrollo sustentable.

Los migrantes, al igual que los nacionales y ciudadanos de los países de residencia o de tránsito, deben ser iguales ante la ley. Nadie debe ser secuestrado, encarcelado, deportado o privado de su libertad sin que su causa haya sido justamente escuchada y defendida en el idioma de su elección.

Los migrantes tienen derecho a la integridad física y a no ser acosados, expulsados, perseguidos, detenidos arbitrariamente o asesinados debido a su condición o por defender sus derechos.

Toda ley que contemple una discriminación basada en el origen nacional, el género, la situación matrimonial y/o legal, así como en las convicciones, debe derogarse, cualquiera sea la condición de la persona.

Los derechos humanos son inalienables e indivisibles y deben ser iguales para todos. La ley debe garantizar a todos los migrantes el derecho a la libertad de expresión, a organizarse, a la libertad de reunión, así como el derecho a publicar.

Debe garantizarse a todos los migrantes el acceso a los servicios de salud y la asistencia sanitaria, en igualdad de condiciones que los nacionales y los ciudadanos de los países de acogida y de tránsito, con especial atención a las personas vulnerables. Asimismo, deben garantizarse a todo migrante que tenga una discapacidad el derecho a la salud, los derechos sociales y culturales.

La ley debe garantizar a todo migrante el derecho a elegir su pareja, formar una familia y vivir en familia. No puede negársele el reagrupamiento familiar ni separarlo o mantenerlo alejado de sus hijos.

Las mujeres, particularmente, deben ser protegidas contra toda forma de violencia y tráfico. Tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y rechazar su explotación. Deben gozar de una protección particularmente reforzada, especialmente en materia de condiciones de trabajo, salud materno-infantil, así como en caso de cambios en su condición legal y matrimonial.

Los migrantes menores deben ser protegidos por las leyes nacionales en materia de protección de la infancia en igualdad de condiciones que los nacionales y los ciudadanos de los países de residencia y de tránsito. Debe garantizarse el derecho a la educación e instrucción.

Debe garantizarse a los migrantes y sus hijos el acceso a la educación y la instrucción, desde el preescolar hasta la enseñanza superior. La instrucción debe ser gratuita e igual para todos los niños. Los estudios superiores y la formación técnica deben ser accesibles a todos en una nueva visión del diálogo e intercambio de culturas. Debe abolirse en la vida cultural, en el deporte y la educación toda distinción basada en el origen nacional.

Los migrantes deben tener derecho a la vivienda. Toda persona debe tener derecho a habitar en el lugar de su elección, en una vivienda digna y tener acceso a la propiedad inmueble, así como a mantener a su familia con confort y seguridad, en igualdad de condiciones que los nacionales y ciudadanos del país de acogida y de tránsito.

Debe garantizarse a todos los migrantes el derecho a una alimentación sana y suficiente, y el derecho al acceso al agua.

Los migrantes aspiran a tener la oportunidad y la responsabilidad, al igual que los nacionales y los ciudadanos del país de acogida y de tránsito, de enfrentar juntos los desafíos actuales (vivienda, alimentación, salud, realización...).

Nosotros, los migrantes, nos comprometemos a respetar y promover los valores y principios expresados anteriormente y a contribuir así a la eliminación de todo sistema de explotación segregacionista y al advenimiento de un mundo plural, responsable y solidario.